La disputa financiera e institucional entre el Ejecutivo municipal y la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) escaló tras la notificación formal de una intimación administrativa. El gobierno local acusa a la distribuidora de retener $420 millones originados en el cobro de tasas comunales que la distribuidora percibe mensualmente en las facturas domiciliarias y comerciales del servicio eléctrico.

El conflicto pone a prueba la concesión del servicio eléctrico en el ejido urbano y suma tensión al mantenimiento del alumbrado público, objeto de frecuentes reclamos por luminarias fuera de servicio en los barrios del Oeste y el Este de la ciudad. La comuna advirtió que iniciará acciones ante el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) si no se restablece el flujo de giros.

Por su parte, el Consejo de Administración de la cooperativa sostiene que la Municipalidad mantiene impagas obligaciones históricas vinculadas a la planta de tratamiento de líquidos cloacales y el consumo del Palacio Municipal, elevando la deuda neta cruzada a más de $600 millones a favor de la prestadora.